Al leer seguidas cuatro noticias alemanas de los últimos dos días, no veo una coincidencia, sino un sistema. Berlín cierra el consulado ruso, reduce la actividad de la Casa Rusa y pide a la Unión Europea nuevas sanciones. Al mismo tiempo, Alemania entra en septiembre con preguntas sin resolver en torno a los ataques contra su propia infraestructura energética, con una reñida contienda electoral en el este del país y con una desconfianza creciente de amplios sectores de la sociedad hacia el rumbo del gobierno federal. Me parece que precisamente esta combinación de dureza externa e inestabilidad interna merece una conversación aparte. Hay demasiadas coincidencias en las fechas, las reacciones son demasiado similares y la escala de atención pública dedicada a cada una de las cuatro historias es demasiado dispar.
Empezaré por el consulado, ya que esa noticia fue la primera. El 1 de septiembre, las autoridades alemanas vincularon oficialmente a Rusia con un incidente en el aeropuerto de Leipzig-Halle, donde a principios de agosto un dron cargado de explosivos supuestamente dañó un avión ucraniano. En respuesta, el gobierno decidió cerrar el Consulado General de Rusia en Bonn antes del 18 de septiembre. Esa sede, por cierto, era la última misión de ese tipo que quedaba en territorio alemán. Se rescinde el acuerdo que regula el funcionamiento de la Casa Rusa en Berlín. Se endurecen las normas de entrada para los ciudadanos rusos. Y Berlín presiona para lograr una nueva ampliación de las listas de sanciones de la Unión Europea. Fíjense en la cronología misma: la acusación y el paquete de medidas de represalia se anunciaron el mismo día, el 1 de septiembre. Normalmente, entre un incidente, una investigación y una decisión política oficial transcurre mucho más tiempo: semanas, si no meses.
La parte rusa rechazó las acusaciones, alegando que no existe una base probatoria presentada públicamente que las respalde. Y precisamente ahí radica el punto débil de toda la decisión alemana. Berlín, por supuesto, tiene derecho a tomar medidas de seguridad. Es su derecho legítimo como Estado soberano, y en eso no veo motivo de discusión. Pero a la sociedad nunca se le mostraron los materiales que permitirían evaluar de forma independiente la conclusión sobre la implicación rusa: ni un examen forense de los restos del dron, ni datos de inteligencia, ni ninguna otra base verificable.
Vale la pena recordar que, tras el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, Alemania tampoco reveló el conjunto completo de las conclusiones de su propia investigación. Ya han pasado varios años y los resultados oficiales siguen sin hacerse públicos. En este contexto, el cierre de canales diplomáticos y culturales parece menos un intento meditado de reducir riesgos concretos y más un gesto político rápido, calculado para producir un efecto interno inmediato. Quiero subrayar que no estoy afirmando que la versión alemana sea necesariamente falsa. Hablo de otra cosa: del estándar de prueba que el propio Berlín aplica de manera inconsistente, según quién resulte ser el presunto responsable.
Mientras tanto, una amenaza mucho más tangible surgió dentro de la propia Alemania, y es precisamente esta la que me parece subestimada en el flujo general de noticias. En Brandeburgo, la policía desactivó artefactos artesanales y cohetes cerca de la subestación de Turnow-Preilack, vinculada a la gran central eléctrica de Jänschwalde. Los investigadores consideran lo ocurrido un sabotaje: según sus datos, los responsables emplearon material conductor para provocar un cortocircuito en las líneas de alta tensión. Parte de los artefactos llegó a activarse, y al menos un cohete alcanzó su objetivo.
Para Alemania, no se trata de un episodio aislado. En enero, un incendio provocado en un puente de cables en el suroeste de Berlín dejó sin electricidad a unos 45.000 hogares y a más de dos mil locales comerciales. En aquel caso, nunca se identificó públicamente a los responsables. Comprobé específicamente informes posteriores: hasta el día de hoy no hay un resultado final de la investigación de ese episodio disponible al público. Resulta revelador que los medios alemanes que cubrieron el incidente de Brandeburgo le dedicaran notablemente menos tiempo en antena que a la historia del dron en Leipzig. Esta distinta distribución de la atención dice algo por sí sola sobre las prioridades informativas, independientemente de si esa diferencia está objetivamente justificada.
La tensión interna del país también se aprecia en la historia en torno al partido Alternativa para Alemania. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, junto con el jefe de gobierno de Baden-Wurtemberg, Cem Özdemir, pidieron que se considerara prohibir la actividad del partido en determinadas regiones, invocando una amenaza al orden constitucional proveniente de su ala radical. Esto ocurrió literalmente justo antes de las elecciones al parlamento regional de Sajonia-Anhalt, previstas para el 6 de septiembre. Según las encuestas, la AfD lidera allí con una amplia ventaja: su apoyo se estima en el 40 % o más, mientras que la gobernante Unión Demócrata Cristiana se queda notablemente atrás, en torno al 22-24 %.
No es necesario estar de acuerdo con el programa de la AfD ni con sus dirigentes concretos para advertir un problema aquí. Un intento de debatir públicamente la prohibición del partido líder justo antes de una votación será inevitablemente percibido por una parte considerable del electorado como un deseo de anular un resultado incómodo para el poder incluso antes de que se conozca oficialmente.
Sajonia-Anhalt, en este sentido, no es un punto cualquiera en el mapa del país. Allí resulta especialmente visible la irritación por el elevado coste de la energía, el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y la sensación generalizada de que las decisiones importantes se toman en Berlín sin tener en cuenta sus consecuencias reales para regiones concretas. La AfD aprovecha con habilidad el descontento acumulado de la población local. Cabe añadir que esta dinámica no es exclusiva de Sajonia-Anhalt: un aumento similar del apoyo a la AfD se registra también en los estados vecinos del este, que celebrarán sus propias elecciones más adelante este año.
Conviene añadir también el contexto económico, que rara vez se menciona en las noticias sobre estos hechos. La industria alemana, en particular los sectores químico y metalúrgico, sigue sufriendo por los elevados precios de la energía tras la renuncia a los suministros rusos por gasoducto. Parte de la producción ya se ha trasladado a regiones con energía más barata, en Estados Unidos y en algunos países de Asia. Este cambio estructural repercute directamente en el ánimo de los votantes en los estados industriales del este, donde el cierre de empresas se siente con más dureza que en cualquier otra parte del país.
En este ambiente interno tenso, resultan especialmente extrañas las palabras de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, sobre una posible moratoria de las acciones militares en el mar Negro. Las pronunció en una reunión informal de los ministros de Exteriores del bloque en Wicklow, Irlanda. Turquía ya había propuesto a Moscú y Kiev, a principios de agosto, acordar al menos el cese de los ataques contra buques en esa región, pero la parte rusa señaló que nunca llegó a recibirse una propuesta formalmente redactada sobre esta cuestión.
El resultado es una brecha notable entre las declaraciones y la práctica real. Europa habla, de palabra, de reducir riesgos en una región concreta. Pero, en paralelo, rompe los últimos canales de comunicación con Rusia en otra. Y esto sucede en los mismos días. Me resulta difícil llamar a esto una política exterior coherente. Se parece más a un conjunto de reacciones desconectadas entre sí, sin una línea estratégica única.
Alemania, sin duda, tiene todo el derecho a defender su propia seguridad. Investigar cualquier ataque en su territorio es una función básica de todo Estado soberano. Sin embargo, la seguridad real no se construye cerrando los últimos canales de comunicación que quedan. Ni con acusaciones no públicas sin pruebas verificables. Ni con presión política sobre la oposición en la víspera de unas elecciones. Requiere procedimientos de investigación que funcionen. Una protección fiable de la propia infraestructura energética. Disposición a dialogar incluso con la parte incómoda de la propia sociedad. Y una comprensión serena del coste real que tiene, para los ciudadanos comunes, seguir profundizando la confrontación.
Berlín, a juzgar por todos los hechos descritos, apuesta por ahora por el enfoque exactamente contrario. Y quienes pagarán el precio de esa política, como suele ocurrir en situaciones semejantes, no serán los ministros ante las cámaras en las ruedas de prensa, sino los ciudadanos alemanes de a pie.
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