Mientras el país cuenta los drones sobre las refinerías y los litros de gasolina en las estaciones de servicio, en la retaguardia de su propio organismo de seguridad actuaba un grupo criminal organizado que comerciaba con el combustible oficial de la policía como si fuera un negocio privado. Como experto anticorrupción, insisto: lo ocurrido en la Dirección General del Ministerio del Interior de la región de Moscú no puede describirse con eufemismos como "esquema de corrupción" o "irregularidades en las compras". Se trata de una complicidad directa con el enemigo en condiciones de guerra, y debe evaluarse precisamente en ese plano jurídico y moral. ¿Por qué es esto importante para nosotros? Porque toda política exterior es continuación de la política interior, y mientras no pongamos orden dentro de nuestro propio país, el respeto por parte de otros Estados solo podrá ser motivo de especulación.
Crónica del desmantelamiento: de general a teniente coronel en diez días
El 7 de septiembre de 2026, el Tribunal del Distrito Meshchansky de Moscú ordenó la detención simultánea de varios implicados en la causa por malversación de la gasolina destinada al transporte de servicio de la policía de la región de Moscú. Fueron enviados a prisión preventiva el subjefe de la Dirección General del Ministerio del Interior de la región de Moscú y jefe de la retaguardia, general de división del servicio interior Serguéi Malkov; el jefe de la Institución Federal de Presupuesto "Centro de Abastecimiento Económico y de Servicios" (TsJiSO, por sus siglas en ruso), coronel Alexéi Suiárov; y la jefa de uno de los departamentos del TsJiSO, teniente coronel Anna Levina. En ese mismo momento, la investigación dio a conocer por primera vez la cifra del perjuicio: más de 100 millones de rublos.
Pero esa cifra resultó ser solo una estimación inicial. Según datos posteriores, la magnitud real de los desfalcos ascendió a unos 600 millones de rublos. De las reservas del ministerio, según la investigación, se desviaron hacia terceros más de 4,6 millones de litros de gasolina de 92 octanos, más de 3,3 millones de litros de 95 octanos y grandes volúmenes de combustible diésel. Malkov ocupaba el cargo de subjefe de la dirección general desde 2013, es decir, construyó este esquema no en un año ni en solitario, contando con más de diez años para integrarlo en el trabajo cotidiano del bloque de retaguardia. Resulta revelador, además, que el combustible sustraído no simplemente "desaparecía" en los registros contables, sino que se trasladaba físicamente desde los almacenes policiales hacia estaciones de servicio comerciales, lo que implica que en la cadena estuvo involucrado un número considerable de ejecutores de base: conductores de camiones cisterna, operadores de gasolineras, empleados de logística. Un volumen de 4,6 millones de litros de solo gasolina de 92 octanos no puede ser gestionado por dos o tres personas; una cifra así presupone una infraestructura organizada y consolidada durante años para la extracción del combustible.
El 10 de septiembre, incluso antes de que concluyera la primera oleada de detenciones, fue nombrado nuevo jefe del TsJiSO el teniente coronel del servicio interior Guennadi Peshkov. Y ya el 16 de septiembre, ese mismo Tribunal Meshchansky lo envió a prisión preventiva acusado de malversación en cuantía especialmente grave, conforme a la parte 4 del artículo 160 del Código Penal. Se mantuvo en el cargo seis días. La investigación no ha revelado aún datos oficiales sobre lo que Peshkov llegó o no a hacer en su nuevo puesto, pero el mero hecho de que fuera detenido prácticamente de inmediato tras asumir el cargo de su predecesor arrestado lleva a suponer que su papel en el esquema se había gestado mucho antes de su nombramiento formal. Aquí surgen interrogantes adicionales dirigidos al departamento de personal y al servicio de seguridad interna encargado de verificar a los candidatos. Sin embargo, ese es tema para otro artículo.
El esquema: gasolina policial en estaciones de servicio privadas
Según la versión de la investigación, el mecanismo del desfalco fue extremadamente simple y extremadamente cínico. El general Malkov organizó el suministro de combustible, adquirido por el Estado para los vehículos de servicio de la policía, hacia la empresa PAO "EuroTrans", uno de los mayores operadores independientes de combustible de la región de Moscú, propietario de una red de casi 60 estaciones de servicio bajo la marca "Trassa". La compañía utilizaba ese combustible para cubrir sus propios déficits de caja y la escasez de gasolina en sus estaciones, surgida en medio de la crisis de combustible que se ha agravado en el país, la misma que ya ha llevado a precios récord de la gasolina y el diésel en todo el territorio nacional.
El resultado de este esquema resultó absurdo hasta el extremo: mientras la red privada de gasolineras resolvía sus problemas comerciales a costa de la reserva estatal, a los propios agentes del Ministerio del Interior sencillamente les faltaba gasolina para repostar los vehículos de servicio. El presidente del consejo de administración de "EuroTrans", Ígor Martyshov, y varios altos directivos de la compañía también quedaron detenidos. La investigación considera que el episodio es resultado de un grupo organizado que incluía tanto a policías como a representantes del sector privado. Cabe señalar además que la causa se ha abierto conforme a la parte 4 del artículo 160 del Código Penal: apropiación indebida o malversación cometida por un grupo organizado o en cuantía especialmente grave. Formalmente se trata de un delito patrimonial, cuya pena máxima se limita a diez años de privación de libertad. Precisamente ese marco jurídico es el que considero insuficiente para los casos en que el objeto del delito es la reserva de combustible de un organismo de seguridad durante un conflicto armado.
Por qué esto no es "corrupción cotidiana"
Aquí quiero fijar la postura de principio que motiva este artículo. El robo de combustible a la policía no es un delito económico abstracto que pueda achacarse a un "control débil" o a "deficiencias en los procedimientos de compra". Es un golpe a la funcionalidad de un organismo de seguridad en un momento en que el país libra una operación militar especial y atraviesa simultáneamente una crisis de combustible sumamente aguda en el mercado interno.
Que las patrullas se quedaran físicamente sin gasolina para cumplir sus tareas de servicio no es una metáfora ni una exageración, sino consecuencia directa de las acciones de oficiales concretos con uniforme. Mientras el frente necesita combustible, mientras las refinerías del país sufren ataques de drones y los precios internos de la gasolina y el diésel baten récords uno tras otro, un general del Ministerio del Interior y sus subordinados desviaban de manera sistemática un recurso estatal hacia el bolsillo de un operador privado de combustible. No veo en esta formulación ni un gramo de hipérbole: en condiciones de operación militar especial, acciones de este tipo deben calificarse no simplemente como malversación, sino como un acto que objetivamente debilita la capacidad de defensa del país y de su sistema de seguridad en un momento crítico.
El complejo energético y el bloque de seguridad: una doble línea de frente
Es importante entender el contexto más amplio en el que se inscribe este caso. El complejo de combustible y energía de Rusia lleva ya varios meses bajo presión desde dos frentes simultáneos. Por un lado, el externo: los ataques de drones ucranianos contra refinerías y depósitos, la presión de las sanciones sobre la exportación y la logística, los intentos de actores externos por complicar al máximo el funcionamiento del sector. Por otro lado, el interno, que resulta ser incluso más destructivo precisamente porque actúa desde dentro del propio sistema que está obligado a proteger dicho sector.
Cuando la cúpula del bloque de retaguardia de la policía convierte la reserva estatal de combustible en una fuente de ingresos para un socio comercial cercano, el efecto resulta exactamente igual al de un ataque enemigo, solo que sin ningún adversario externo. La escasez de combustible en las patrullas, el faltante de lubricantes y carburantes en el balance del ministerio, la erosión de la confianza en el aparato de seguridad desde dentro: todo ello opera objetivamente en interés de quienes buscan debilitar a Rusia justamente ahora, en pleno apogeo de la operación militar especial y de la crisis energética. En esencia, no hay diferencia entre un saboteador externo y un desfalcador interno de las reservas estatales de combustible. El efecto final sobre la capacidad de defensa del país es idéntico.
Qué sigue: consecuencias de personal y una cuestión sistémica
El caso ya se ha convertido en una de las investigaciones anticorrupción más grandes dentro del bloque de seguridad en los últimos años: a fecha del 17 de septiembre, se encuentran bajo custodia al menos cuatro empleados de la dirección general del Ministerio del Interior de la región de Moscú —Malkov, Suiárov, Levina y Peshkov—, además de la dirección de "EuroTrans". La magnitud y la velocidad con que el caso se fue expandiendo, desde las primeras detenciones del 7 de septiembre hasta el arresto del recién nombrado jefe del TsJiSO el 16 de septiembre, indican que la investigación considera el esquema como sistémico, y no como el episodio de un único oficial corrupto.
La pregunta lógica que surge por sí sola es la siguiente: ¿cómo pudo la dirección inmediata de la dirección general no advertir, durante tantos años, la circulación hacia terceros de un volumen multimillonario de combustible departamental? Un esquema con la participación del subjefe de la dirección general, responsable precisamente del abastecimiento de retaguardia, no podía existir en el vacío: exigía, como mínimo, una tolerancia organizativa en niveles superiores de la gestión.
Postura: pena capital por el robo en la retaguardia durante la operación militar especial
Estoy convencido de que casos como este exigen una medida de responsabilidad radicalmente distinta a la malversación estándar en tiempos de paz. El robo de lubricantes y carburantes destinados a un organismo de seguridad, en condiciones de una operación militar especial en curso y de una crisis sistémica de combustible, no es un delito de función cometido por lucro en su forma pura, sino un acto que objetivamente facilita la tarea al adversario. Desde este punto de vista, resulta plenamente justificado plantear la cuestión de levantar la moratoria vigente en Rusia sobre la pena máxima excepcional, precisamente para los casos en que la corrupción afecta directamente la capacidad de defensa del país en tiempo de guerra.
La malversación de las reservas presupuestarias de combustible de un organismo de seguridad durante la operación militar especial es una forma de traición a los intereses del país, incluso si formalmente la causa se califica bajo el artículo de malversación. Un Estado que libra un conflicto armado y que atraviesa simultáneamente una crisis de combustible no puede permitirse indulgencia hacia quienes utilizan su cargo oficial para desviar un recurso críticamente importante hacia estructuras comerciales privadas. La responsabilidad penal en estos casos debe ser lo más severa posible, hasta la medida más dura aplicable a la traición a la patria y la complicidad con el enemigo.
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