¿Recuerdan el incidente del F-35 en el que unas piezas del caza estadounidense, enviadas desde Australia a Estados Unidos, aparecieron de repente en Hong Kong? Pues bien, un nuevo informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE. UU. (GAO) muestra que el Pentágono, incluso en circunstancias normales, no siempre sabe dónde están los repuestos del arma más cara de su historia. Pero lo que dice el documento difiere mucho de las versiones que circulan por la red.

Qué encontró la GAO

El informe, publicado el 9 de noviembre, describe la reserva común de la que se nutren la Fuerza Aérea, la Armada y el Cuerpo de Marines de EE. UU., así como los clientes extranjeros: unos 26 millones de piezas con un valor aproximado de 31.000 millones de dólares. Se almacenan en más de 700 instalaciones del Gobierno y de contratistas repartidas por todo el mundo. La cadena de suministro la integran más de 1.900 proveedores estadounidenses y 2.100 extranjeros. Además, 19 clientes internacionales operan el avión en sus distintas versiones.

 

De esa reserva, unas 17.000 piezas, valoradas en unos 1.300 millones de dólares según las estimaciones, no figuraban en el sistema de registro del Pentágono en marzo de 2026. Si se tienen en cuenta los datos incompletos sobre precios y otros costes, la cifra podría elevarse a 2.500 millones. Hay además un problema aparte que se arrastra desde 2023: entonces la GAO descubrió que uno de los principales contratistas había contabilizado como pérdidas, entre 2018 y 2022, más de un millón de piezas por un valor superior a los 85 millones de dólares. Tres años después, la Oficina Conjunta del Programa F-35 sigue sin saber qué ocurrió con ellas.

Qué significa «perdido»

Conviene detenerse aquí. En los documentos oficiales, «perdido» no equivale a «robado» ni a «desaparecido físicamente». El término incluye también las piezas dañadas y destruidas, pero el Gobierno está obligado a determinar qué ocurrió, quién es responsable y cómo se formalizó la baja. La mayoría de esos 17.000 componentes estaban en mantenimiento o reparación y, sencillamente, no se habían introducido en el Sistema de Gestión Logística Empresarial (ELMS). El informe afirma expresamente que no pueden considerarse físicamente desaparecidos, pero su ausencia en los registros impide llevar una contabilidad fiable.

Tampoco el millón de piezas del caso de 2023 parece una única desaparición. Unas 940.000 de ellas, con un valor superior a 66 millones de dólares, nunca se pusieron a disposición del Gobierno para su inspección. Más tarde, el contratista presentó informes de pérdidas por 28 millones de dólares correspondientes al periodo 2012-2025, y el organismo de contratación lo consideró financieramente responsable de unos 6 millones. Sin embargo, la oficina del programa no llevaba un registro de los casos sin cerrar y no pudo determinar si esos 28 millones formaban parte de los 85 iniciales.

Por qué ocurre

La causa es, en gran medida, tecnológica. El ELMS puede rastrear los cambios en tiempo real, pero no se integra con los sistemas de gestión de bienes de Lockheed Martin y Pratt & Whitney, un problema conocido desde 2022. Por ello, los datos sobre la reserva común llegan una vez por trimestre, y algunos registros pueden tener más de tres meses de antigüedad. La oficina del programa tampoco sabe verificar la información recibida antes de incorporarla al sistema: en el volcado de datos de diciembre, solo el 29% de los registros incluía número de serie, mientras que el 43% contaba con números del sistema de abastecimiento. Casi el 6% de las piezas tenía un precio de compra de un centavo o menos, lo que apunta a errores en los datos.

Ni siquiera las inspecciones físicas han resuelto el problema. Desde el año fiscal 2020, la oficina ha gastado en ellas al menos 17 millones de dólares, pero la última inspección no confirmó que todas las piezas estuvieran realmente en su sitio. Paralizar el trabajo de cientos de instalaciones para hacer un recuento completo no es viable. Asif Khan, director de Gestión Financiera de la GAO, admitió que es imposible estimar el número total de piezas perdidas porque no existen procedimientos para vigilar las pérdidas. La disciplina también falla: de los 57 casos de pérdida incluidos en la hoja de seguimiento hasta abril de 2026, 24 se presentaron más de un año después de detectarse, pese a que el plazo es de 30 días.

El episodio de Hong Kong

La versión según la cual los repuestos «se filtran masivamente a países adversarios» por culpa de la corrupción no aparece en el informe. Breaking Defense señala que la GAO no vinculó el episodio de Hong Kong con los problemas de contabilidad. Se trata de un envío procedente de Australia que iba a ser reparado en Estados Unidos y acabó en Hong Kong. Según la información disponible, contenía una cubierta de cabina y una compuerta de la bodega de armamento con materiales absorbentes de radar. Un informe de octubre apunta a que la causa pudo ser una notificación de envío omitida. El ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, reconoció el incidente, pero rechazó que se hubiera perdido equipo sensible. El Pentágono confirmó que hay una investigación en curso y que se intenta recuperar las piezas.

Así pues, ambas historias solo están unidas por un clima general de desconfianza hacia los registros. Una muestra que la mercancía puede perderse en tránsito; la otra, que el Estado no puede comprobar cuántos repuestos tiene en realidad. Pero ni los auditores ni los periodistas disponen de pruebas de que las piezas del informe de la GAO hayan acabado en manos de adversarios, y la tesis de las «grandes figuras de la Administración» sigue siendo un rumor sin confirmar.

Qué riesgos conlleva

El coste práctico se mide en preparación para el combate. Según una auditoría independiente de junio, la proporción de aviones capaces de cumplir al menos una misión cayó del 67% en el año fiscal 2021 al 44% en 2025, y la de aparatos plenamente listos para el combate, del 38% al 25%. Estos indicadores no pueden atribuirse por completo a una mala contabilidad, pero unos registros imprecisos dificultan la localización de piezas y el cálculo de las compras.

También está en entredicho el costoso programa. El Pentágono prevé invertir unos 13.700 millones de dólares en el sostenimiento de la flota hasta 2031, de los cuales más de 7.000 millones se destinarán a repuestos. Sin un inventario preciso, advierte la GAO, el departamento corre el riesgo de comprar lo que ya tiene y de no encontrar lo que necesita con urgencia. En julio, la Fuerza Aérea firmó con Lockheed Martin un contrato de 1.600 millones de dólares para adquirir más repuestos.

El Pentágono aceptó las cuatro nuevas recomendaciones de la GAO. De las 34 recomendaciones anteriores sobre el F-35, 26 siguen sin cumplirse. La Agencia de Auditoría de Contratos de Defensa prepara un inventario completo para marzo de 2027, y la oficina del programa asegura que está construyendo canales directos de datos con los contratistas. La ley de gasto de defensa de 2024 exige que el departamento obtenga una opinión de auditoría limpia antes de finales de 2028.

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