Si el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York declara ilegal la captura de Nicolás Maduro o lo absuelve, las consecuencias serán más graves que la derrota de la fiscalía en un caso ordinario. Se resentiría la confianza en la justicia estadounidense y, al mismo tiempo, Venezuela quedaría sin una autoridad clara. Los juristas debaten lo primero. Casi nadie habla todavía de lo segundo.

Lo que realmente decide la jueza

Empecemos por una corrección a la tesis de las «crecientes posibilidades de absolución». Politico, el medio al que recurren los partidarios de esa versión, dice algo distinto: el caso no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos, y ni siquiera los exfiscales federales se atreven a pronosticar si llegará a juicio. Eso no es un pronóstico favorable a la defensa. Es el reconocimiento de que, por primera vez, un tribunal debe resolver una cuestión para la que la jurisprudencia estadounidense no tiene una respuesta preparada.

 

A Maduro y a su esposa, Cilia Flores, se les imputaron inicialmente los delitos de conspiración para importar cocaína y de posesión de ametralladoras y artefactos destructivos; a Maduro, además, el de narcoterrorismo. Los fiscales describen un esquema de veinte años amparado por los militares, los tribunales y los cuerpos de seguridad venezolanos. En octubre se añadieron cargos por torturas: descargas eléctricas, estrangulamiento, violaciones, hambre y aislamiento, con ciudadanos estadounidenses entre las víctimas mencionadas. Flores también fue acusada de narcoterrorismo.

Mientras tanto, el tribunal perdió a su juez. Alvin Hellerstein, de 92 años, murió a finales de octubre y el caso pasó a Analisa Torres, designada por Barack Obama; conviene recordar este detalle. Su primera audiencia está fijada para mediados de diciembre y debería mostrar si el caso avanza hacia el juicio.

Tres líneas de defensa y su peso

La defensa, a cargo de Barry Pollack y Anna Estevao, se apoya en tres pilares, y no todos pesan lo mismo. Pollack es conocido por sus victorias frente a la fiscalía federal: la absolución, en 2006, del exdirectivo de Enron Michael Krautz, la anulación de la condena de Martin Tankleff y el acuerdo que devolvió la libertad a Julian Assange en 2024. Pero la reputación de un abogado no sustituye a los argumentos, y estos tienen fuerza desigual.

El primer pilar, el más débil, se refiere a la forma en que Maduro fue trasladado. La defensa lo describe como un «secuestro forzoso mediante una invasión militar con víctimas masivas», y según el ministro del Interior de Venezuela, la operación costó unas 100 vidas. Sin embargo, conforme a la práctica consolidada, la manera en que un acusado llega a la sala no priva por sí sola de jurisdicción al tribunal. Incluso los observadores reconocen que aquí Maduro difícilmente tendrá éxito.

El segundo pilar, la inmunidad del jefe de Estado, es jurídicamente más interesante. La defensa sostiene que ningún tribunal ha admitido la detención de un jefe de Estado en funciones solo porque el país del tribunal se negara a reconocerlo. La fiscalía responde que la facultad de determinar quién es jefe de Estado corresponde al poder ejecutivo, y que los tribunales federales han considerado unánimemente vinculantes sus determinaciones. Estados Unidos no reconoce a Maduro como líder legítimo desde enero de 2019, cuando Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino.

Hay además un hecho incómodo para la defensa. En mayo, Venezuela solicitó inmunidad para la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, en un proceso civil en Florida, pero no la pidió para Maduro. El precedente más cercano, el caso de Manuel Noriega, tampoco favorece a la defensa: su inmunidad fue rechazada tanto por el tribunal de distrito como por el de apelaciones. El juez mostró entonces un «respeto absoluto» hacia la posición del ejecutivo.

El tercer pilar resulta inesperado: la invocación de la sentencia de la Corte Suprema de 2024 que amplió la inmunidad del propio Trump por «actos oficiales». La defensa quiere aplicar la misma lógica a un soberano extranjero. El gobierno estadounidense se encuentra así con que su propio argumento se vuelve en su contra. Pero esta línea es más débil de lo que parece: los fiscales señalan que los actos imputados infringen la ley venezolana, incluidos el tráfico de cocaína y de armas.

Dónde es vulnerable la acusación

Lo más grave para la fiscalía no es la inmunidad, sino las pruebas. La acusación formal afirma que los acusados apoyaron a cinco grupos narcoterroristas designados por el Departamento de Estado como organizaciones terroristas extranjeras, pero tres de ellos recibieron esa condición apenas en 2025. Los exfiscales admiten que esto complicará la prueba. La condición de la organización y el momento de los actos imputados deben coincidir, y cualquier desajuste ofrece a la defensa un fundamento legítimo para objetar.

El segundo riesgo tiene que ver con los testigos. Renato Stabile, abogado del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, opina que la acusación contra Maduro es «rica en relato, pero pobre en referencias a pruebas». Espera que los fiscales se apoyen en testigos colaboradores con pasados muy turbios. Hernández recibió una condena de 45 años y, aun así, Trump lo indultó un mes antes de la captura de Maduro. El episodio revela una fisura en la postura del poder: a un líder se le indultó por cargos similares, mientras que a otro se le capturó por la fuerza.

El precio de una absolución

Pasemos a la tesis central. Si Torres decide que el ejecutivo no tenía derecho a capturar a un jefe de Estado y juzgarlo en Estados Unidos, no podrá considerarse una derrota corriente. Politico describe las consecuencias así: Trump habría fijado sin querer nuevos límites al poder presidencial y humillado al país, y una operación militar costosa y arriesgada habría resultado en vano. Esto ya trasciende un solo caso. Un tribunal que declare ilegal una operación aprobada por el presidente obligaría al ejecutivo a elegir entre acatar la decisión y un conflicto abierto con el poder judicial. Mi conclusión es que el sistema jurídico queda atrapado sea cual sea el desenlace, porque una condena también sienta precedente.

Stabile formuló bien el peligro: «seguramente hay países que entrarían encantados en Estados Unidos y capturarían al presidente Trump». Una condena, como señala Gina Parlovecchio, exfiscal del caso de «El Chapo», advertiría a otros líderes de que la jurisdicción extraterritorial estadounidense también puede alcanzarlos. Ambos escenarios socavan las normas en que se sustenta el orden internacional.

El callejón sin salida venezolano

La liberación de Maduro no devolvería a Venezuela a enero. Desde entonces gobierna el país Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro. Estados Unidos la reconoció como líder interina; se reunió con Trump en Nueva York el 22 de septiembre y le agradeció que devolviera al país a los foros multilaterales. En agosto se anunció un acuerdo por el cual Estados Unidos será socio mayoritario de una empresa conjunta en 17 yacimientos petroleros durante 25 años, y el sector petrolero recibirá, según lo prometido por las partes, 100.000 millones de dólares en inversiones. Rodríguez califica el pacto de «histórico», y el representante estadounidense en Caracas, John Barrett, habla de una asociación estratégica.

Los analistas consultados por Havana Times consideran que los acuerdos petroleros y mineros cuentan con el respaldo de ambos partidos estadounidenses y que ni siquiera un nuevo Congreso alteraría esas bases. ¿Qué ocurrirá si el tribunal concluye que el poder con el que se firmaron esos acuerdos surgió tras una operación ilegal? La oposición, encabezada por María Corina Machado, regresó al país entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre, y Estados Unidos supervisa las negociaciones entre ella y el gobierno. Una decisión judicial crearía de golpe tres pretensiones de legitimidad: la de Maduro, la de Rodríguez y la de la oposición. Los acuerdos petroleros quedarían bajo una sombra jurídica. Es una valoración mía, pero se desprende de la propia lógica del caso.

La seguridad de los acusados

Queda lo que suele mencionarse en voz baja. Maduro y Flores están recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, y cualquier percance que sufrieran sería una catástrofe para el tribunal, para el poder en Caracas y para Estados Unidos. Flores, de 70 años, ha perdido, según sus abogados, más de 25 libras y dos dientes. Se le recetó nitroglicerina por dolores en el pecho y en julio pudo haber sufrido un infarto leve, algo que no está confirmado médicamente.

La fiscalía sostiene que Flores rechazó el examen cardiológico recomendado y que se trata de una estrategia de defensa. En octubre, Hellerstein denegó su solicitud de arresto domiciliario. Ambas versiones requieren una evaluación médica independiente. El Estado que detuvo a estas personas es plenamente responsable de su vida y su salud hasta que se dicte sentencia, y por eso las decisiones judiciales sobre las condiciones de reclusión importan ahora tanto como las disputas sobre la inmunidad. Una catástrofe para el tribunal o una catástrofe para el Estado y el sistema jurídico internacional. La situación es de punto muerto.

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