Después de "Mérida"

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Drugs

La iniciativa "Mérida" fue concebida por los dirigentes de nortemericanos y de México como un programa que complaciera todos los escépticos. Estaba calculada tanto para los mexicanos, que en todo ven "una nueva expansión norteamericana", como para los representantes de la clase dirigente de Washington, que quería justificar esos temores, a expensas de una intervención humanitaria, y también para aquellos que creen que el tráfico de drogas es un problema puramente interno de México, en el cual los Estados Unidos de Norteamérica no deben intervenir. Sin embargo, cuatro años más tarde "Mérida" no justificó las expectativas depositadas en ésta: el programa no ha llegado a ser una herramienta para combatir el narcotráfico, ni ha afectado a la formación de un consenso dentro de la sociedad. 
Además de los problemas evidentes para la ejecución del programa, su concepción original provocó dudas. En primer lugar, parecía extraño que la lucha contra el tráfico de drogas se llevara a cabo solamente "en la fuente", y junto con esto hace caso omiso de la demanda norteamericana a la oferta mexicana de las drogas. Sobre esto, en particular, escribía el Doctor Hal Brandes del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio Militardel Ejército de los EE.UU. En el monografía se refirió al desenfreno de la corrupción en México y a la demanda de drogas en los Estados Unidos como las cuestiones claves que la "Mérida" pasa por alto.

 
Al mismo tiempo, a principios de 2009, el Washington oficial intervino con declaraciones totalmente contradictorias. Se argumentaba que en las últimas dos décadas, el consumo de drogas de los EE.UU. disminuyó en un 70%, en cambio en México este índice desde el año 2002 se ha duplicado. No era sólo un intento de eximirse de su responsabilidad. Semejante información fue parte de un amplio debate, cuyo comienzo fuera lanzado a finales del año 2008, por el informe del Comando Conjunto de las fuerzas armadas de los EE.UU. En éste, en particular, se hablaba de la posibilidad de un empeoramiento repentino y transitorio de la situación en la frontera sur, así como también de la posibilidad de convertir a los Estados Unidos Mexicanos en un país no realizado (failed state). 
Se entiende que tales conclusiones provocaron la indignación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, mucho más interesante fue la reacción de Washington: de hecho, el plazo de validez de la iniciativa "Mérida" estaba llegando a su fin, y había que decidir qué hacer más adelante y cómo presentar todo esto a los contribuyentes. 
Tras el exiguo informe oficial, siguió de una cuidadosa preparación de la opinión pública con la ayuda de personas "no oficiales". Esta tarea la cumplió el general retirado Barry McCaffrey, quien hasta el año 2001 ocupó el cargo de Director del Departamento de Política Nacional en el ámbito del control de las drogas de la Administración del Presidente de los EE.UU. En sus discursos públicos éste no escatimó expresiones. "Narco-País", "borde del abismo", "uso crónico de drogas", éstas eran solamente una pequeña partícula  de aquello que fuera expresado con respecto a México. En su opinión, el presupuesto de "Mérida" era ridículo en el contexto de los gastos para Irak y Afganistán y se necesitaban algunas medidas urgentes para rescatar la situación. 


Al general McCaffrey le hizo eco el investigador del trust cerebral del Instituto Milken Joel Kurtzman. En un artículo publicado en el «The Wall Street Journal», éste añadió que los Estados Unidos de Norteamérica se encuentran frente a la amenaza de una afluencia masiva de refugiados. Sin embargo, Kurtzman y McCaffrey no cuestionaban ni la competencia del Presidente Calderón, ni la necesidad de involucrar al ejército mexicano. Por un lado, esto podría significar que las autoridades norteamericanos están preparando a la sociedad para la prolongación del plan "Mérida" y para aumentar su financiamiento (esto en realidad ocurrió a principios de 2010). Pero hay razones suficientes para considerar que detrás de esto se oculta algo de mayor escala. 
La primera persona oficial que se conectó a la ola de críticas, fue el Presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos de Norteamérica Newt Gignrich. Éste hizo un llamamiento para una revisión completa de la estrategia antidrogas, habiendo nombrado como una guerra lo que está sucediendo en México. Con anterioridad a él, los representantes de los círculos dirigentes trataban de evitar este término. En apoyo de sus palabras, Gingrich señaló que el número de muertes en México en el año 2008 superó la cantidad de víctimas de la campaña de Irak durante el mismo período. El congresista usó un poco la astucia: en 2008 en Irak murieron al menos 8.315 civiles, mientras que en México sólo 5.612 personas, incluyendo a los delincuentes y miembros de las fuerzas del orden. Después de tal manipulación con los datos es difícil dudar de la presencia de una "agenda" oculta detrás de la campaña desplegada por los medios de comunicaciones. El toque final fue la elaboración de un plan de emergencia por parte de las autoridades de Texas en caso de un colapso potencial de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se conoció en febrero de 2009. 
Así, ya a finales del primer trimestre de 2009, al diálogo México-Estados Unidos de Norteamérica contra las drogas se le dió un tono totalmente definido. La primera fase de esta campaña de los medios de comunicación permitió que los dos países disipar las críticas dirigidas contra sus gobiernos y la iniciativa "Mérida", y con éxito prolongar y ampliar esta última. Sin embargo, los acontecimientos posteriores demostraron que no era éste el objetivo final de Washington. 
La segunda fase comenzó en septiembre de 2010. El papel clave en ésta lo jugaron dos personas: Hillary Clinton y el ex embajador en Colombia, Thomas McNamara. En una serie de intervenciones públicas y comunicados de prensa llevaron a cabo una reformulación muy peculiar de la situación mexicana. Todo comenzó con la identificación de la mafia narcotraficante colombiana con los rebeldes de la izquierda radical FARC. Junto con esto, esta última, aunque se sospechaba de tráfico de drogas, era en la década de los 1980 una organización completamente independiente, y además se encontraba en guerra con los carteles colombianos más odiosos de entonces, el de Medellín y el de Cali. Equiparando unos con los otros, el gobierno norteamericano dentro de los marcos del "Plan Colombia" podría bajo el pretexto de la lucha contra la droga, golpear al movimiento de izquierda radical, y más tarde - cambiar de nombre a todos los participantes de aquellos acontecimientos desde "guerrilla de la droga" a "rebeldes", eliminando completamente el acento sobre el tráfico de drogas. La conclusión lógica en este caso fue una falsa interpretación de las acciones de intimidación llevada a cabo por los cárteles de la droga. A partir de ahora, por ejemplo, el asesinato de un juez mexicano se cataloga como un atentado contra el orden constitucional y un intento de derrocar el régimen existente (aunque, de hecho, los carteles no están interesados en esto, sino tales acciones generalmente se realizan con el fin de influir en la política estatal actual, por ejemplo, para detener la práctica de las extradiciones traficantes de drogas a Norteamérica).

 
La proyección de los acontecimientos en Colombia a la situación actual en México desde el comienzo mismo de la guerra contra las drogas fue un tema muy popular de las publicaciones. En la Casa Blanca misma en cierta forma recapacitaron la información inicial y de esta manera se dirigió la atención de los periodistas y de los investigadores hacia la corriente necesaria para el lado norteamericano. Resultó muy exitoso también aquello que en el año 2007 el movimiento maoísta ("Ejército Popular Revolucionario, EPR) haya decidido hacerse recordar a sí mismo con una serie de explosiones en el centro y sur de México, dirigidas principalmente contra la infraestructura de la empresa estatal petrolera Pemex. Junto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, éstos se convirtieron para Washingtonen en una especie de sustituto de las FARC. Al no representar una amenaza comparable, en aquel tiempo eran convenientes para la "mezcla" de los conceptos de mafia de drogas y de insurgencia. Además, surgieron rumores de que desde el año 2006, el EPR instruye a militantes de los carteles.
¿Qué lograron en Washington, al equiparar los cárteles de la droga y los extremistas? En primer lugar, la guerra contra las drogas llegó a ser posible considerarla como una guerra civil para derrocar el orden constitucional democrático. Aunque parezca paradójico, pero esto no está tan lejos de la verdad. El autoritario México del pasado está separado del presente por sólo dos períodos presidenciales, y precisamente como resultado del conflicto con los carteles los períodos de la dirigencia de Vicente Fox y Felipe Calderón no llegaron a ser ejemplares e ilustrativos, como deberían haber sido para consolidar los logros de la transición democrática. En este sentido, la guerra contra las drogas es realmente una amenaza para la democracia, pero no es tan obvia para hablar de ello a las masas desde la tribuna. De ahí la necesidad de tener "muletas".de publicidad. 
En segundo lugar, a la situación en México llegó a ser aplicable el precedente colombiano, por lo que teóricamente se abría el camino para una operación militar norteamericana en coordinación con el lado mexicano. Por lo menos en los EE.UU. después de tal procesamiento informativo no debía haber ninguna objeción al respecto. Sin embargo, el Secretario de Estado Clinton en el discurso arriba mencionado se apresuró a tranquilizar a los oyentes que México, en contraste con sus homólogos centroamericanos en la desgracia, con sus propias fuerzas está en condiciones de vencer con el apoyo financiero adecuado y de especialistas. 
En tercer lugar, a causa de que se sospechan que estén en cooperación con el EPR el partido de la revolución democrática de centro izquierda y el presidente venezolano Hugo Chávez, se abren posibilidades adicionales para desacreditar a estos actores que no despiertan las simpatías de Washington. 
Finalmente (y esto es ya un hecho consumado a diferencia de las posibilidades adicionales potenciales), a raíz de una nueva campaña mediática contra el tráfico continental de drogas, aunque con gran dificultad (la diferencia en la cantidad de votos fue menor del 7%) para impedir la legalización de la marihuana en California. El último acontecimiento podría provocar una revisión de la situación de esta droga blanda en muchos países del mundo, incluyendo México, donde una iniciativa similar ya surgió en el año 2006. 
Vale la pena señalar que las consecuencias sociales de tal reforma son difíciles de predecir, y existen los pronósticos más dispares en este sentido. Sin embargo, está claro que desde el punto de vista económico, la renuncia a la lucha contra la marihuana y la transición al régimen fiscal de los vendedores de este producto (o del monopolio estatal sobre las transacciones de compra y venta de marihuana) permitiría liberar enormes cantidades de dinero para combatir a las drogas "duras". Incluso la ONU ha reconocido este hecho en una recomendación recientemente publicada de la comunidad internacional. Sin embargo, el motivo del rechazo de esta iniciativa por parte de Washington probablemente se escondía en algo totalmente diferente: la legalización de una sustancia prohibida en uno de los estados (e incluso por sufragio universal, es decir, con una legitimidad indiscutible) iría en contra de la legislación federal, lo que colocaría ante el gobierno central cuestiones sumamente difíciles.

 
En total, para una preparación tan determinada de la opinión pública puede haber por lo menos dos razones. Desde el punto de vista de una estrategia a largo plazo es enteramente probable que en Washington estén considerando el aumento actual de la delincuencia (no solamente en México, sino en América Central, Colombia y Brasil) como la tercera ola de manifestaciones antiestatales (la primera y la segunda ocurrieron respectivamente en los años 60 y 80 del siglo XX). En este sentido, H. Clinton no solamente suplantaba los conceptos, al denominar a los cárteles de la droga como movimientos de insurrección, sino que trataba de hacer llegar a las masas una visión de un mundo, en el cual la delincuencia organizada efectivamente reemplazó a la guerrilla del siglo XX en el campo de la lucha contra el gobierno y la desestabilización de la situación política.
Es expresivo también aquel hecho, de que para las actuales pandillas de latinoamericanas y para la mafia semejante percepción del mundo también no les es ajena, al menos en aquella parte donde esto les trae una ventaja determinada. De esta manera, el narcotraficante colombiano Pedro Oliverio Guerrero, que murió en diciembre de 2010, dió a su organización el nombre de la "Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC). Éste, como también muchos líderes de semejantes organizaciones, se aprovechó de un rasgo característico de la mentalidad colectiva de los gobiernos latinoamericanos. Dado que la mayoría de ellos de una u otra forma tienen sus raíces en algún movimiento revolucionario exitoso del pasado, cualquier pandilla que formalmente declare la existencia de alguna ideología, por el triunfo de la cual ésta supuestamente está luchando, puede contar con un diálogo con las autoridades en lugar de una persecusión incondicional.
En otras palabras, la actitud hacia las guerrillas, los revolucionarios y los extremistas (pero obligatoriamente "ideológicos") en América Latina en el momento de escribir este artículo, es mucho mejor que hacia los miembros de los grupos delincuentes, dándose el caso no solamente entre la población, sino también a nivel estatal. Al parecer, los carteles mexicanos todavía no han tomado plenamente conciencia de esta oportunidad (además también es problemático llevar a cabo un cambio de marca de una organización ya existente). Sin embargo, se puede estar absolutamente seguro de que en el curso de la desintegración y fragmentación (y lo por tanto la aparición de nuevas "marcas"), algunos de ellos van a tratan de aprovechar este truco para protegerse a sí mismos. Pero la mafia mexicana de la droga no debe que olvidar que los Estados Unidos no solamente no experimentan "escrúpulos" en relación con los diferentes tipos de insurgentes, sino como regla general, también ven en esto una razón más para usar la fuerza militar. Gracias a esas mismas declaraciones de la Secretaria de Estado Clinton, semejante truco de cualquier cartel sólo beneficiaría a Washington. Los Estados Unidos de Norteamérica en la elección del "rostro" del enemigo para la nueva estrategia contra las drogas (semejante a aquello, como para el terrorismo internacional tal "rostro" fue Osama bin Laden) tienen que conformarse con un parecido cercano a una organización guerrillera entre traficantes de drogas, con los ex miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército Los Zetas, que ahora son objeto de especial atención tanto en los medios de comunicación, como también por parte de las personas oficiales. 


Al mismo tiempo, Washington ha eliminado por ahora la posibilidad de una operación humanitaria de pleno derecho en México. Pero, considerando la tensa historia de las relaciones mutuas entre los dos países, la opinión pública en ambos lados de la frontera debe ser preparada cuidadosamente, incluso con la participación mínima de los representantes de los Estados Unidos de Norteamérica en la lucha contra los cárteles en el territorio mexicano. En esto consiste la segunda razón de la campaña mediática emprendida por el Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica a principios de 2011. Al parecer, los dos países ya han logrado alcanzar ciertos éxitos en esta cuestión. Así, después de un ataque contra dos agentes del servicio norteamericano de migración en San Luis de Potosí (uno de ellos murió) los representantes de los organismos de la policía de los Estados Unidos obtuvieron una libertad de acción que no se veía desde el caso Camarena para la realización de investigaciones en el territorio mexicano. El éxito de tal formato de cooperación se afianzó mediante la coordinación de acciones conjuntas durante la crisis de abril en Tamaulipas, cuando se descubrió una fosa común de 145 víctimas del cártel de Los Zetas. 
Haciendo un resumen total, hay que señalar que, tampoco justificándose en la lucha contra el narcotráfico, "Mérida" llegó a ser el primer paso de los EE.UU. y México para reunirse entre sí, lo que era tan necesario tras los fracasos diplomáticos de fines del siglo XX. Junto con esto, los rasgos externos permiten suponer que los dos países acordaron una incorporación física potencialmente ilimitada gradual y flexible de los Estados Unidos en el conflicto mexicano. Probablemente, en calidad de incentivo para que este acuerdo sirvió, incluso no la amenaza a la seguridad de ambos países que es una guerra contra las drogas, sino también tales riesgos como la restauración del autoritarismo y la llegada de la izquierda al poder en México a raíz de esta crisis. Esto se confirma por el hecho de que el componente social de la lucha contra las drogas al fin se toma en consideración, pero ello se encuentra dentro de los marcos de la iniciativa "Mérida" que después de todo demasiado lento se plasma en la realidad. De este modo, ambos gobiernos, al parecer, en el umbral de las elecciones decidieron apostar por las estruendosas operaciones especiales, detenciones y otras acciones espectaculares, pero estas medidas no siempre son eficaces. Si este cálculo se justificara y el Partido Acción Nacional se mantuviera en el poder, se podría pensar en una estrategia plena contra las drogas.