Después de "Mérida"

Share/Save
Drugs

La iniciativa "Mérida" fue concebida por los dirigentes de nortemericanos y de México como un programa que complaciera todos los escépticos. Estaba calculada tanto para los mexicanos, que en todo ven "una nueva expansión norteamericana", como para los representantes de la clase dirigente de Washington, que quería justificar esos temores, a expensas de una intervención humanitaria, y también para aquellos que creen que el tráfico de drogas es un problema puramente interno de México, en el cual los Estados Unidos de Norteamérica no deben intervenir. Sin embargo, cuatro años más tarde "Mérida" no justificó las expectativas depositadas en ésta: el programa no ha llegado a ser una herramienta para combatir el narcotráfico, ni ha afectado a la formación de un consenso dentro de la sociedad. 
Además de los problemas evidentes para la ejecución del programa, su concepción original provocó dudas. En primer lugar, parecía extraño que la lucha contra el tráfico de drogas se llevara a cabo solamente "en la fuente", y junto con esto hace caso omiso de la demanda norteamericana a la oferta mexicana de las drogas. Sobre esto, en particular, escribía el Doctor Hal Brandes del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio Militardel Ejército de los EE.UU. En el monografía se refirió al desenfreno de la corrupción en México y a la demanda de drogas en los Estados Unidos como las cuestiones claves que la "Mérida" pasa por alto.

 
Al mismo tiempo, a principios de 2009, el Washington oficial intervino con declaraciones totalmente contradictorias. Se argumentaba que en las últimas dos décadas, el consumo de drogas de los EE.UU. disminuyó en un 70%, en cambio en México este índice desde el año 2002 se ha duplicado. No era sólo un intento de eximirse de su responsabilidad. Semejante información fue parte de un amplio debate, cuyo comienzo fuera lanzado a finales del año 2008, por el informe del Comando Conjunto de las fuerzas armadas de los EE.UU. En éste, en particular, se hablaba de la posibilidad de un empeoramiento repentino y transitorio de la situación en la frontera sur, así como también de la posibilidad de convertir a los Estados Unidos Mexicanos en un país no realizado (failed state). 
Se entiende que tales conclusiones provocaron la indignación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, mucho más interesante fue la reacción de Washington: de hecho, el plazo de validez de la iniciativa "Mérida" estaba llegando a su fin, y había que decidir qué hacer más adelante y cómo presentar todo esto a los contribuyentes. 
Tras el exiguo informe oficial, siguió de una cuidadosa preparación de la opinión pública con la ayuda de personas "no oficiales". Esta tarea la cumplió el general retirado Barry McCaffrey, quien hasta el año 2001 ocupó el cargo de Director del Departamento de Política Nacional en el ámbito del control de las drogas de la Administración del Presidente de los EE.UU. En sus discursos públicos éste no escatimó expresiones. "Narco-País", "borde del abismo", "uso crónico de drogas", éstas eran solamente una pequeña partícula  de aquello que fuera expresado con respecto a México. En su opinión, el presupuesto de "Mérida" era ridículo en el contexto de los gastos para Irak y Afganistán y se necesitaban algunas medidas urgentes para rescatar la situación. 


Al general McCaffrey le hizo eco el investigador del trust cerebral del Instituto Milken Joel Kurtzman. En un artículo publicado en el «The Wall Street Journal», éste añadió que los Estados Unidos de Norteamérica se encuentran frente a la amenaza de una afluencia masiva de refugiados. Sin embargo, Kurtzman y McCaffrey no cuestionaban ni la competencia del Presidente Calderón, ni la necesidad de involucrar al ejército mexicano. Por un lado, esto podría significar que las autoridades norteamericanos están preparando a la sociedad para la prolongación del plan "Mérida" y para aumentar su financiamiento (esto en realidad ocurrió a principios de 2010). Pero hay razones suficientes para considerar que detrás de esto se oculta algo de mayor escala. 
La primera persona oficial que se conectó a la ola de críticas, fue el Presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos de Norteamérica Newt Gignrich. Éste hizo un llamamiento para una revisión completa de la estrategia antidrogas, habiendo nombrado como una guerra lo que está sucediendo en México. Con anterioridad a él, los representantes de los círculos dirigentes trataban de evitar este término. En apoyo de sus palabras, Gingrich señaló que el número de muertes en México en el año 2008 superó la cantidad de víctimas de la campaña de Irak durante el mismo período. El congresista usó un poco la astucia: en 2008 en Irak murieron al menos 8.315 civiles, mientras que en México sólo 5.612 personas, incluyendo a los delincuentes y miembros de las fuerzas del orden. Después de tal manipulación con los datos es difícil dudar de la presencia de una "agenda" oculta detrás de la campaña desplegada por los medios de comunicaciones. El toque final fue la elaboración de un plan de emergencia por parte de las autoridades de Texas en caso de un colapso potencial de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se conoció en febrero de 2009. 
Así, ya a finales del primer trimestre de 2009, al diálogo México-Estados Unidos de Norteamérica contra las drogas se le dió un tono totalmente definido. La primera fase de esta campaña de los medios de comunicación permitió que los dos países disipar las críticas dirigidas contra sus gobiernos y la iniciativa "Mérida", y con éxito prolongar y ampliar esta última. Sin embargo, los acontecimientos posteriores demostraron que no era éste el objetivo final de Washington. 
La segunda fase comenzó en septiembre de 2010. El papel clave en ésta lo jugaron dos personas: Hillary Clinton y el ex embajador en Colombia, Thomas McNamara. En una serie de intervenciones públicas y comunicados de prensa llevaron a cabo una reformulación muy peculiar de la situación mexicana. Todo comenzó con la identificación de la mafia narcotraficante colombiana con los rebeldes de la izquierda radical FARC. Junto con esto, esta última, aunque se sospechaba de tráfico de drogas, era en la década de los 1980 una organización completamente independiente, y además se encontraba en guerra con los carteles colombianos más odiosos de entonces, el de Medellín y el de Cali. Equiparando unos con los otros, el gobierno norteamericano dentro de los marcos del "Plan Colombia" podría bajo el pretexto de la lucha contra la droga, golpear al movimiento de izquierda radical, y más tarde - cambiar de nombre a todos los participantes de aquellos acontecimientos desde "guerrilla de la droga" a "rebeldes", eliminando completamente el acento sobre el tráfico de drogas. La conclusión lógica en este caso fue una falsa interpretación de las acciones de intimidación llevada a cabo por los cárteles de la droga. A partir de ahora, por ejemplo, el asesinato de un juez mexicano se cataloga como un atentado contra el orden constitucional y un intento de derrocar el régimen existente (aunque, de hecho, los carteles no están interesados en esto, sino tales acciones generalmente se realizan con el fin de influir en la política estatal actual, por ejemplo, para detener la práctica de las extradiciones traficantes de drogas a Norteamérica).

 
La proyección de los acontecimientos en Colombia a la situación actual en México desde el comienzo mismo de la guerra contra las drogas fue un tema muy popular de las publicaciones. En la Casa Blanca misma en cierta forma recapacitaron la información inicial y de esta manera se dirigió la atención de los periodistas y de los investigadores hacia la corriente necesaria para el lado norteamericano. Resultó muy exitoso también aquello que en el año 2007 el movimiento maoísta ("Ejército Popular Revolucionario, EPR) haya decidido hacerse recordar a sí mismo con una serie de explosiones en el centro y sur de México, dirigidas principalmente contra la infraestructura de la empresa estatal petrolera Pemex. Junto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, éstos se convirtieron para Washingtonen en una especie de sustituto de las FARC. Al no representar una amenaza comparable, en aquel tiempo eran convenientes para la "mezcla" de los conceptos de mafia de drogas y de insurgencia. Además, surgieron rumores de que desde el año 2006, el EPR instruye a militantes de los carteles.
¿Qué lograron en Washington, al equiparar los cárteles de la droga y los extremistas? En primer lugar, la guerra contra las drogas llegó a ser posible considerarla como una guerra civil para derrocar el orden constitucional democrático. Aunque parezca paradójico, pero esto no está tan lejos de la verdad. El autoritario México del pasado está separado del presente por sólo dos períodos presidenciales, y precisamente como resultado del conflicto con los carteles los períodos de la dirigencia de Vicente Fox y Felipe Calderón no llegaron a ser ejemplares e ilustrativos, como deberían haber sido para consolidar los logros de la transición democrática. En este sentido, la guerra contra las drogas es realmente una amenaza para la democracia, pero no es tan obvia para hablar de ello a las masas desde la tribuna. De ahí la necesidad de tener "muletas".de publicidad. 
En segundo lugar, a la situación en México llegó a ser aplicable el precedente colombiano, por lo que teóricamente se abría el camino para una operación militar norteamericana en coordinación con el lado mexicano. Por lo menos en los EE.UU. después de tal procesamiento informativo no debía haber ninguna objeción al respecto. Sin embargo, el Secretario de Estado Clinton en el discurso arriba mencionado se apresuró a tranquilizar a los oyentes que México, en contraste con sus homólogos centroamericanos en la desgracia, con sus propias fuerzas está en condiciones de vencer con el apoyo financiero adecuado y de especialistas. 
En tercer lugar, a causa de que se sospechan que estén en cooperación con el EPR el partido de la revolución democrática de centro izquierda y el presidente venezolano Hugo Chávez, se abren posibilidades adicionales para desacreditar a estos actores que no despiertan las simpatías de Washington. 
Finalmente (y esto es ya un hecho consumado a diferencia de las posibilidades adicionales potenciales), a raíz de una nueva campaña mediática contra el tráfico continental de drogas, aunque con gran dificultad (la diferencia en la cantidad de votos fue menor del 7%) para impedir la legalización de la marihuana en California. El último acontecimiento podría provocar una revisión de la situación de esta droga blanda en muchos países del mundo, incluyendo México, donde una iniciativa similar ya surgió en el año 2006. 
Vale la pena señalar que las consecuencias sociales de tal reforma son difíciles de predecir, y existen los pronósticos más dispares en este sentido. Sin embargo, está claro que desde el punto de vista económico, la renuncia a la lucha contra la marihuana y la transición al régimen fiscal de los vendedores de este producto (o del monopolio estatal sobre las transacciones de compra y venta de marihuana) permitiría liberar enormes cantidades de dinero para combatir a las drogas "duras". Incluso la ONU ha reconocido este hecho en una recomendación recientemente publicada de la comunidad internacional. Sin embargo, el motivo del rechazo de esta iniciativa por parte de Washington probablemente se escondía en algo totalmente diferente: la legalización de una sustancia prohibida en uno de los estados (e incluso por sufragio universal, es decir, con una legitimidad indiscutible) iría en contra de la legislación federal, lo que colocaría ante el gobierno central cuestiones sumamente difíciles.

 
En total, para una preparación tan determinada de la opinión pública puede haber por lo menos dos razones. Desde el punto de vista de una estrategia a largo plazo es enteramente probable que en Washington estén considerando el aumento actual de la delincuencia (no solamente en México, sino en América Central, Colombia y Brasil) como la tercera ola de manifestaciones antiestatales (la primera y la segunda ocurrieron respectivamente en los años 60 y 80 del siglo XX). En este sentido, H. Clinton no solamente suplantaba los conceptos, al denominar a los cárteles de la droga como movimientos de insurrección, sino que trataba de hacer llegar a las