Constituyente para la transformación del Estado... una solución que crezca con el problema y dentro de su complejidad

Actualmente el gobierno de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, enfrenta nuevamente a una crisis internacional, dentro de este contexto, entrevistamos a la internacionalista Marianny Rosado Prieto, quien nos respondió con un amplio panorama lo que está ocurriendo en el país suramericano.  

El principal producto de la Asamblea Nacional Constituyente, más allá de un nuevo texto constitucional, deberá estar centrado en la transformación del Estado y las bases de su sistema económico. El adverso momento político y económico en que le corresponde actuar, tras una centuria de intervencionismo extranjero y colaboracionismo interno, se inscribe en las crisis metabólicas del capitalismo y en contraparte, la creciente necesidad de una transformación que supere, por la vía del reordenamiento interno, cuatro apremiantes contradicciones:

•                    La configuración y vicios del Comercio Exterior Venezolano que garantizan el sometimiento económico de nuestra nación por parte de potencias extranjeras;

•                    La falta de correspondencia entre la Constitución de 1999 y las normativas inferiores, que impide la organización interna, necesaria a la consecución de los fines nacionales;

•                    La vigencia de tratados internacionales de distinta naturaleza, responsables de perpetuar la dependencia económica e innumerables desventajas que nos condenan a pagar verdaderos tributos imperiales a perpetuidad, tratados que dieron origen al ordenamiento jurídico interno, por el cual se asegura la extracción de la riqueza nacional y se bloquea el desarrollo nacional.

El reto de la Revolución Bolivariana, como proceso político popular de avanzada, es superar tanto la coyuntura histórica, como los factores estructurales que mediatizan su respuesta ante la imposición de la Paz Americana. De la resolución a estas contradicciones, depende la irrupción de la República Bolivariana de Venezuela como potencia antihegemónica, capaz de crear un sistema económico alternativo al capitalismo, con sus consecuentes alcances internacionales para los pueblos del mundo.

El favor que los líderes opositores de derecha, le hicieron a Venezuela durante este 2018 y lo que va de 2019, fue desatar una fuerza hamponil para crear condiciones, para una intervención extranjera. Las llamadas güarimbas del 2017 personificaron una épica y una estética pretendidamente “rebelde” orientada a la manipulación de la opinión pública global e internacional, con extraordinarias producciones mediáticas. Un coctel de drogas, armas, dinero y profecías religiosas, se sirvió como funesta contribución al terror, la incitación a una guerra civil y la desmovilización de las grandes mayorías que aspiran al desarrollo con justicia social y en paz.

Al lograr captar el descontento generalizado y responsabilizar enteramente al gobierno por la situación económica, llevó la situación hasta los límites que hoy conocemos, sin descartar otros escenarios en construcción como:

•                    El paramilitar más allá del sistema de contrabando de extracción y control territorial que actualmente poseen grupos armados colombianos con presencia y control territorial en zonas productivas y estratégicas;

•                    El mercenario más allá de los focos ya controlados que hemos podido ver a través de los medios;

•                    El de las corporaciones privadas militares y de seguridad que sirven a las transnacionales y personas de poder, más allá del sicariato selectivo que ha venido barriendo con líderes bolivarianos de distintos ámbitos; y

•                    El militar anunciado con ligereza por Trump al amenazar abiertamente con una intervención por petróleo, más allá de los movimientos de flotas estadounidenses en aguas territoriales y eventuales sobrevuelos del espacio aéreo venezolano.

En esto contexto, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente dio paso a otra situación de creciente y relativa paz, con una votación masiva para este tipo de elección, en la que se ha volcado a una masa importante de militantes y grupos organizados, a articular la reflexión sobre lo que la Asamblea Nacional Constituyente debe hacer y resolver. Pese a que se han enfriado las esperanzas depositadas en la capacidad de la ANC para atender la coyuntura aplicando justicia, los movimientos sociales y la respuesta popular ante la crisis de confrontación que propicia la administración Trump con apoyo de Colombia y Brasil, vuelve a colocarnos en la situación de descontento e inconformidad por la gestión gubernamental en general, pero por otra parte, mayoritariamente clara a favor de la preservación de la paz en el marco de la constitucionalidad. Esto nos lleva necesariamente a revisar la coyuntura internacional.

El conflicto en Venezuela, tiene su origen en los múltiples intereses de una docena de países sobre la extracción de sus recursos, ocupación y control de su posición geoestratégica y anulación de la tesis bolivariana como referente de emancipación para los pueblos del mundo. El principal -pero no el único- actor en el ámbito internacional, son los EEUU como potencia imperial, cuyo esquema intervencionista crea:

•                    Crisis Alimentaria siendo hoy el principal importador y exportador de alimentos en el continente, estableciendo el control sobre las variables de la comercialización (precios, origen de importaciones, destino de exportaciones, volumen transado, condiciones comerciales, contrabando y legalización de productos de contrabando, entre otros).

•                    Crisis Financiera marcando el precio de la divisa en forma especulativa e ilegal, presionando el endeudamiento público con el FMI y el BM cuyas tasas del 35% y condiciones de recortes en programas sociales de alimentación, salud y educación, son ampliamente conocidas.

•                    Crisis Energética certificando reservas de petróleo de esquistos para afectar el precio del crudo a la baja disminuyendo sustancialmente lo que representa el 95% del ingreso nacional como lo es ingreso petrolero.

•                    Crisis Hídrica controlando por vía de explotación comercial el acceso a un gran número de fuentes de agua potable del país,

•                    Crisis Humanitaria introduciendo financiamiento al terrorismo palpable en el cambio del patrón de la violencia y pertrechos de guerra disfrazados de ayuda humanitaria.

Todas estas operaciones están orientadas a justificar su intervención. Hacia el interior de la República Bolivariana de Venezuela, esto se refleja en violencia, inestabilidad económica, política, social, militar, conflicto fronterizo, paramilitarismo, separatismo. Más concretamente, los objetivos centrales son los de mantener y expandir el control de la economía como parte del plan de restitución de los derechos borbónicos y del “consorcio” a través de la extracción de renta petrolera y excedentes económicos, haciendo incapaz a la economía nacional de garantizar la satisfacción de las necesidades sociales para los venezolanos y venezolanas de forma estable y permanente, con lo que abordar lo estructural se vuelve una necesidad de respuesta ante la coyuntura.

Creo que es de suma importancia poner sobre la mesa la contradicción fundamental del chavismo en el poder: no haber tocado en 18 años y mantener vigentes, las estructuras jurídicas y las relaciones de capital, que someten la nación venezolana a la supremacía estadounidense y de sus aliados. Este planteamiento trae consigo la discusión necesaria, acerca del tratamiento que se deberá dar a los tratados internacionales para regular las relaciones internacionales de la República, puesto que su respeto absoluto está cifrado en las mismas bases comiciales que el presidente Maduro leyó públicamente el 23 de mayo de 2017, en cuyo numeral 11 indica que:

Una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, como poder originario que recoge la soberanía popular, deberá dictar sus estatutos de funcionamiento teniendo como límite los valores y principios de nuestra historia republicana, así como el cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, el carácter progresivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas y las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos asumidos

De acuerdo con esto, los tratados internacionales son inamovibles, y no solo los que se han suscrito en materia de Derechos Humanos, todos quedan sujetos a la misma condición. Quedarían así protegidos de cambios, todos aquellos tratados que dieron origen a un ordenamiento jurídico interno que bloqueó y bloquea las posibilidades del desarrollo nacional sostenible, sustentable, endógeno y justo. Del mismo modo, no se discutirían ciertos tratados del orden fiscal que hemos identificado como los principales responsables de perpetuar el déficit fiscal estructural.

Esta es una barrera paradigmática a superar, puesto que es en los tratados internacionales, donde se encuentra el piso jurídico de los instrumentos -aún vigentes- que permiten el desenlace económico que hoy padecemos. El país funciona con estas leyes, normas, procedimientos, cultura corporativa y modelos de gestión.

Para que se haga una idea y pueda dimensionar el tamaño del conflicto que se origina en el hecho de que estos tratados sigan vigentes, enumero brevemente algunos vicios del Comercio Exterior que impactan directamente en el proceso de formación de precios y que son posibles gracias al diseño de los procesos comerciales y a la corrupción que este mismo sistema genera, en el contexto de la Guerra Económica:

 •                    Importaciones: hechas por empresas que pertenecen a los mismos importadores; ficticias que se dirigen a paraísos fiscales; sobrefacturadas por proveedores internacionales que en realidad pertenecen a los mismos importadores (a esto se le conoce como triangulación); de manufacturas nacionales, llamado “Puerta Giratoria” porque sale por un puerto y entra por otro; con carga que es destruida para cobrar el seguro y justificar una nueva importación, fraudulentas donde se importa algo distinto a lo declarado o no se importa nada de lo declarado.

•                    Exportaciones: fraudulentas por contrabando de extracción a gran escala en buques (comprada por navieras y sustraída en barcos de bandera estadounidense), contenedores, por tuberías o por aire, de productos manufacturados, agrícolas, intermedios, materias primas y ciertos productos que los venezolanos producimos pero no conocemos; cargas destinadas al consumo nacional desviadas y compradas en efectivo o robada por paramilitares; la no repatriación del producto de la exportación que debería ser del 40% según Convenio Cambiario Nº 27; extracción de carga importada despachada en aduanas fronterizas preferidas como puerto de destino (caso Polar: recibe la carga importada de maíz en Ureña).

•                    Inversión Extranjera y relaciones de capital: Funcionarios públicos como operadores políticos de los grupos de poder, para asegurar el mantenimiento del sistema; Registro y calificación fraudulenta de Inversión Extranjera Directa; inserción de Capitales Golondrina que desestabilizan la economía; Fuga de capitales por apropiación ilegal; Compra de divisas sobrevaluadas; Captar, extraer y legitimar renta petrolera y excedentes económicos; Escandalosas operaciones de venta de bolívares en el mercado ilegal exterior; BCV cooptado para los intereses de la Reserva Federal de EEUU.

•                    Las consecuencias son previsibles: primeramente se contrae la economía nacional y baja la producción; Se excluye al país receptor de las importaciones destruyendo la competencia; Se crea un monopolio que le permite manipular precios y aumentar beneficios, desestimulando el crecimiento local o nacional; La Transferencia Tecnológica es obsoleta, atrasada, improductiva o desplaza a masas trabajadoras con su implementación; la inversión en investigación y desarrollo de la tecnología transferida se limita exclusivamente al país de origen; las regalías por uso de patentes extranjeras infladas que abultan las estructuras de costos en divisas elevando los precios.

•                    Tributos: Se otorgan privilegios fiscales al capital transnacional que merma las posibilidades de recaudación y presiona al endeudamiento externo; Son de incalculables proporciones las exenciones fiscales a transnacionales por los 31 Tratados para Evitar la Doble Tributación y la Evasión Fiscal; el sacrificio fiscal también es imposible de calcular por exenciones fiscales otorgadas a transnacionales; existe un alto nivel de Evasión Fiscal, tanto de empresas nacionales y particulares, como de transnacionales; el déficit es estructurado y el sacrificio fiscal mil millonario, si tomamos en cuenta que se trata de 100 años de historia fiscal desde inicio de concesiones petroleras; la identidad e información de transnacionales y sus operaciones reales es protegida por leyes nacionales; los Impuestos a los salarios desmejoran a los trabajadores y trabajadoras.

•                    Bloqueo Productivo: Se inutiliza u ocupan medios de producción como tierras que no producen y donde no se permite cultivar, con contratos de alquiler por 50 años y cánones en dólares; El Presupuesto Público comprometido no se ejecuta; Miles de Marcas Comerciales son ocupadas y permanecen sin ser empleadas productivamente; Se obstaculiza o impide la producción a través de  la no-asignación y/o no-liquidación de créditos productivos; captación de talentos e invenciones por parte de países extranjeros que ocasiona una emigración selectiva de la mano de obra calificada y profesional; La asignación fraudulenta de fondos para investigación y becas; El exceso de trámites para acceder