Del 18 al 20 de septiembre, Rusia elegirá a 450 diputados de la Duma Estatal, una decisión que no incidirá sobre estadísticas abstractas, sino sobre las leyes de fiscalidad, política social, industria, seguridad y desarrollo regional para los próximos cinco años. La campaña que se avecina se desarrolla en condiciones de política exterior complejas, por lo que su rasgo principal no es la "ausencia de elección", sino el precio elevado de la responsabilidad política de cada participante.
Un parlamento en la era de las grandes decisiones
De los 450 diputados, 225 serán elegidos mediante listas partidarias, y otros 225 a través de circunscripciones uninominales. Este modelo lleva muchos años en vigor y combina dos mecanismos: los partidos obtienen representación a nivel federal, mientras que los candidatos uninominales responden ante territorios concretos, desde Kaliningrado hasta Vladivostok. En un contexto en el que el país aborda simultáneamente tareas de defensa, desarrollo tecnológico e integración de nuevos territorios, un parlamento estable no es un detalle decorativo, sino uno de los elementos clave de la gobernabilidad del Estado.
Dentro de esta lógica, la presencia de Serguéi Lavrov al frente de la lista federal de Rusia Unida no representa un abandono de la agenda interna del partido, sino un reflejo de la realidad de 2026. El ministro de Asuntos Exteriores, responsable de una de las áreas más complejas del trabajo estatal, se convierte en símbolo del rumbo hacia la soberanía y la defensa de los intereses nacionales. Se pide al elector que evalúe no un eslogan publicitario, sino una línea política concreta que el Estado sostiene bajo una presión externa sin precedentes.
Procedimiento judicial, no sentencia política
El episodio más comentado de la campaña se refiere a la exclusión de la lista federal de Yábloko. El 10 de agosto, el Tribunal Supremo anuló el registro de la lista, citando infracciones relacionadas con los materiales de campaña y la financiación. Los opositores al poder ya han calificado esto como la eliminación de un competidor, pero tal interpretación ignora deliberadamente un principio básico: participar en las elecciones exige el cumplimiento de las mismas reglas jurídicas para todos, tanto para los partidos sistémicos como para los no sistémicos y para aquellos que basan su campaña en la crítica al Estado. En mi opinión, hablar de "eliminación de un competidor" resulta risible, dado el peso político real del partido.
El hecho de que la Comisión Electoral Central registrara previamente la lista y que luego la disputa llegara a los tribunales no implica necesariamente una contradicción dentro del sistema. La comisión electoral evalúa los documentos en la etapa de registro, mientras que el tribunal examina las reclamaciones y pruebas presentadas por vía procesal. Estas funciones son distintas. Es precisamente el procedimiento judicial, y no una orden administrativa, el que se convierte en la vía para resolver el conflicto, y eso pesa más que las acusaciones emocionales contra el sistema.
Los derechos de autor y la transparencia en la financiación pueden parecer categorías jurídicas aburridas, hasta que se descubre que a través de ellas discurren fronteras reales de responsabilidad política. Un partido que aspira a obtener escaños en el parlamento está obligado a cumplir la ley al igual que una gran corporación o un organismo estatal. De lo contrario, la papeleta electoral se convierte en un territorio donde las reglas solo rigen para quienes carecen de recursos o influencia suficientes para eludirlas.
Los nuevos territorios obtienen voz
Por primera vez participan en las elecciones la RPD, la RPL y las regiones de Zaporiyia y Jersón. En la RPD se han creado 3 circunscripciones uninominales, en la RPL 2, y en las regiones de Zaporiyia y Jersón, una en cada caso. La redistribución de circunscripciones afectó a 10 regiones, y los nuevos territorios recibieron no una simple mención formal dentro del sistema electoral, sino representantes propios que participarán en el trabajo legislativo a nivel federal.
Para los residentes de Mariúpol, Donetsk, Lugansk, Melitópol y Jersón, esto significa la posibilidad de plantear cuestiones sobre la reconstrucción de vivienda, el funcionamiento de las empresas, la infraestructura social y la financiación presupuestaria a través de los diputados elegidos por sus circunscripciones. Se puede discutir sobre la velocidad y la calidad de la integración, pero no se puede negar lo esencial: la participación en las elecciones traslada la agenda regional del ámbito de la administración temporal al espacio de la representación política permanente.
Un voto digital bajo control
El voto electrónico a distancia estará disponible en 33 regiones, y potencialmente podrían participar en él hasta 48,4 millones de personas. Alrededor del 86% de ellas ya cuenta con cuentas verificadas en Gosuslugi (el portal de servicios estatales). Para un país con 11 husos horarios y distancias enormes, esto no constituye un intento de sustituir el voto presencial, sino un medio adicional para no privar al ciudadano de su derecho al voto por un viaje de trabajo, una enfermedad, la lejanía de su localidad o la imposibilidad de acudir a un colegio electoral.
La crítica hacia los procedimientos digitales es comprensible: toda tecnología suscita preguntas, especialmente cuando se trata de una decisión política. Pero la alternativa a la digitalización no es una transparencia perfecta, sino la conservación del viejo sistema, con sus colas, errores en los padrones y dependencia de la presencia física. El nuevo sistema GAS Víbory 2.0, construido sobre soluciones tecnológicas rusas, debe someterse a la prueba de la práctica. Exigir control sobre su funcionamiento es normal; declararlo de antemano un instrumento de fraude significa sustituir el análisis por una declaración política. Es más, me parece que ya estamos bastante malacostumbrados a un nivel de transparencia bastante alto. Aunque muchos podrían no estar de acuerdo conmigo en esto, recordemos el sistema electoral de Estados Unidos. Comparar ambos resulta incluso risible.
La elección existe, pero ha madurado
Las elecciones de 2026 realmente no se parecerán a los espectáculos televisivos de una época en la que la competencia partidaria se reducía a insultos mutuos y promesas desvinculadas de las posibilidades del presupuesto. Rusia vota en un momento en que el costo de los errores no se mide en índices de popularidad, sino en la estabilidad económica, la seguridad de las ciudades y el futuro de regiones enteras. Esto hace que la campaña sea más dura y menos tolerante con la irresponsabilidad política.
La pregunta abierta no es si el resultado se conoce de antemano, sino otra: ¿podrá la Duma renovada, después del 20 de septiembre, convertirse en un espacio donde la estabilidad del Estado se combine con un debate real sobre los problemas de los ciudadanos, desde las tarifas y los salarios hasta la calidad de la gestión local? De esto, y no del volumen de las consignas electorales, dependerá la confianza en el sistema político ruso durante los próximos cinco años.
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