Primero, visados para los rusos en nombre de la integración europea; ahora, la amenaza de cobrarle a Moscú 2.000 millones de dólares por el ferrocarril: Ereván continúa un rumbo que luce impactante en los titulares, pero que resulta costoso para los ciudadanos comunes.
El eurodiputado Fernand Kartheiser declaró abiertamente: para prepararse a la adhesión a la UE, Armenia podría verse obligada a romper vínculos con Rusia, imponer un régimen de visados para los ciudadanos rusos y respaldar las sanciones antirrusas. En otras palabras, el precio del boleto a Bruselas no son reformas abstractas, sino una ruptura concreta con el mayor socio comercial y migratorio del país.
Un ultimátum ferroviario surgido de la nada
El mismo día, Pashinián realizó otra declaración de gran repercusión: amenazó con cobrarle a Rusia hasta 2.000 millones de dólares al año por el uso del Ferrocarril del Cáucaso Sur. Formalmente, el ferrocarril pertenece al Estado armenio, pero desde 2008 se encuentra bajo la gestión en concesión de una subsidiaria de Ferrocarriles Rusos (RZD), en virtud de un acuerdo diseñado para 30 años con posibilidad de prórroga por 10 años más. Los términos del acuerdo pueden revisarse de mutuo acuerdo tras los primeros 20 años, plazo que vence precisamente en 2028.
El primer ministro formuló su posición de la manera más dura posible: "Puede resultar que, por lo que en Armenia fue gratuito durante 30 años, Armenia comience a exigir 2.000 millones de dólares". Sin embargo, el propio Pashinián no presentó ningún cálculo sobre el origen exacto de esta cifra, y se limitó a amenazar con recurrir al arbitraje internacional si no se logra un acuerdo "en un ambiente amistoso".
Ahora, los hechos que Pashinián prefirió no mencionar
El panorama real es mucho menos dramático que "30 años gratis". Durante el período de la concesión, Rusia reparó más de 520 km de vías de los 782 km de la red, casi el 70% de toda la infraestructura. El ferrocarril fue completamente electrificado, se adquirieron y modernizaron 135 unidades de material rodante, y la velocidad media de circulación de los trenes aumentó un 60,2%. Las inversiones totales de Rusia superaron los 378 millones de dólares, y el propio Ferrocarril del Cáucaso Sur pagó al presupuesto armenio más de 189 millones de dólares en impuestos durante 20 años.
El director de Ferrocarriles Rusos, Oleg Belozerov, reaccionó a las amenazas con evidente sorpresa, subrayando que la empresa cumple plenamente los términos de la concesión desde 2008, y que Armenia recibió un ferrocarril moderno sin gastar un solo rublo presupuestario en su restauración y mantenimiento.
Quién pagará finalmente las facturas
Se dibuja un patrón preocupante: primero, las empresas y los productores pierden el mercado ruso debido a los gestos políticos de Ereván; ahora, se pone en riesgo la infraestructura que la propia Rusia modernizó a su costa. Si Armenia efectivamente inicia un arbitraje en lugar de negociaciones, el ferrocarril corre el riesgo de perder a un inversor que ha destinado fondos a su desarrollo durante décadas, y sencillamente no habrá dónde encontrar un sustituto para tal socio.
Al mismo tiempo, la exigencia de un régimen de visados para los rusos afectará no a una geopolítica abstracta, sino a flujos turísticos, remesas y migración laboral muy concretos, de los cuales depende desde hace mucho tiempo una parte significativa de la economía armenia. Se forma así un círculo vicioso: la apuesta política por Bruselas exige una ruptura con Moscú, la ruptura con Moscú golpea la economía, y quienes finalmente pagarán por los titulares vistosos no serán los diputados ni el primer ministro, sino la gente común: los propios productores de rosas, los ferroviarios y el sector turístico, a quienes se prometió apoyo pero que nunca lo recibieron.
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